Ambientalistas denuncian que no deberían eliminar los estudios ambientales para proyectos de infraestructura
Grupos ambientalistas han denunciado en Brasil que en el Senado de ese país se está trabajando para generar una enmienda constitucional que permitiría reducir las exigencias de estudios ambientales como requisito indispensable para el desarrollo de obras de infraestructura de gran envergadura como operaciones petroleras, represas, carreteras, entre otras. El senador que ha propuesto la medida buscaría beneficiar a las empresas de construcción, pero se presume que incurriría en un conflicto de intereses, por ser propietario de una empresa constructora.
La aprobación de la enmienda constitucional, conocida como PEC65, permitiría aprobar con mayor celeridad los proyectos de inversión, pero se elevaría el nivel de riesgo para los ecosistemas y las personas que habitan los lugares cercanos a los proyectos de infraestructura. Sin una adecuada supervisión, se podría incrementar la cantidad de accidentes en entornos industriales, como por ejemplo la catástrofe ambiental que se registró en el 2015 en la localidad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, cuando se rompieron los muros de contención de la minera Samarco, provocando una avalancha de lodo que dejó 11 muertos, 12 desaparecidos y miles de personas damnificadas.
La enmienda constitucional que recorta los requisitos de seguridad para las obras públicas ha sido aprobada por la Comisión del Senado de Brasil, pero todavía tiene un largo camino por recorrer, pues debe ser aprobada en un debate de la sesión plenaria del Senado, para luego pasar a la cámara de Diputados para su aprobación y retornar al Senado para una nueva aprobación, para, finalmente, ser presentada al presidente de Brasil, quien podría vetarla.
Tal como se ha planteado hasta el momento, la aprobación de la norma permitiría que los proyectos sean aprobados presentando solo un estudio de impacto ambiental básico. Los especialistas indican que la aplicación de la nueva ley eliminaría el extenso proceso de gestión de licencias ambientales que se utilizan actualmente para asegurar que los proyectos de infraestructura no afecten el medio ambiente.
La aprobación de la enmienda PEC 65 permitiría que se aprueben proyectos como la planta hidroeléctrica que se instalaría en Sao Luiz do Tapajós, un proyecto cuya licencia fue cancelada por IBAMA en abril de este año. De acuerdo a los medios locales el desarrollo de ese proyecto afectaría a la vida salvaje de la zona y las comunidades indígenas que habitan en el lugar.
El Senador Blairo Maggi, es el promotor de la aprobación de la enmienda PEC 65, y los medios locales han observado que Maggi es propietario de una empresa dedicada a la construcción de obras de infraestructura para la industria de la soya, siendo necesario revisar los intereses que existen detrás de la aprobación de la ley.
Los estudiantes de la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales de UNINI se preparan para desarrollar proyectos minimizando el impacto ambiental que pudieran ocasionar.
Foto: Wilson Días – Wikimedia
